Libertad a Agustín Santillán.

Desde la CTA Autónoma de Malvinas Argentinas nos solidarizamos con Agustín Santillán, preso político por el gobierno de Formosa. Compartimos el comunicado lanzado por distintas organizaciones para exigir la libertad del compañero.

 

POR UNA CAMPAÑA DE CONJUNTO POR AGUSTIN Y POR TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR

No es la primera vez que Agustín Santillán, maestro mema y referente de la comunidad wichí de la localidad de Ingeniero Juárez en Formosa, es apresado. El año pasado, al finalizar una movilización en reclamo de la defensa de las tierras comunitarias, por acceso a la salud, la educación y en defensa de los maestros bilingües, fue detenido también, en un intento de aleccionar a la comunidad y como parte del sostenimiento del ajuste brutal en la provincia, y de la política de saqueo y genocidio sistemáticos que se viene perpetrando hace décadas a las comunidades originarias de ese lugar donde son responsables el Estado provincial departamental y nacional. La presión y la movilización lograron liberarlo.

Este año, en la comunidad de Barrio Obrero, Agustín, preocupado por dar una intervención de conjunto participó de una asamblea, dado que los jóvenes originarios venían sufriendo ataques y agresiones reiteradas, y se desataban en la comunidad conflictos importantes. “Cuando se estaba yendo, la policía lo llamó con la mano y él se detuvo. Cuando llegó a él le metió una trompada en la cara y él se cayó de la moto. Cuando vieron caer a Agustín, lo empezaron a golpear y como diez policías cayeron sobre él. Lo llevaron entre muchos. Lo arrastraron por el suelo. Tiene las manos y los brazos marcados. Fue brutalmente golpeado. Tiene cortes en la frente y la boca hinchada porque le pegaron; golpes en las costillas, la espalda y los hombros. Tiene todo el cuerpo con moretones. No puede comer ahora porque tiene la boca muy hinchada”. Decía al día siguiente de la detención su compañera Gabriela.

Queda claro que el negocio de las tierras es la principal causa de ataque a las comunidades originarias de Ingeniero Juárez y de este golpe brutal sobre uno de sus principales referentes, quien se ha hecho vocero público de las necesidades de la comunidad y que viene denunciando el sistemático saqueo y genocidio prolongado en el tiempo, los desalojos, las represiones, y las condiciones miserables de vida a las que son sometidas las comunidades.

Como a todos los pueblos originarios, les está vedado el derecho a la salud, a la educación, sufren en la actualidad la virtual desaparición de la educación bilingüe, padecen la desocupación en grados extremos, dado que en Juárez, y en otros lugares del norte, muchos originarios-gran parte de ellos- viven al costado de las rutas en viviendas muy precarias porque han sido corridos de sus territorios por los terratenientes, sus condiciones laborales suelen ser semi esclavas, con trabajos a destajo, absolutamente precarios, en negro, y ahora se acrecienta la negación de las mínimas garantías legales sobre el derecho a la propiedad colectiva de la Tierra, cuya ley se encuentra amenazada de “caducidad” para el próximo mes de noviembre, y tiene ya al día de hoy a por lo menos 130 comunidades con pedido de desalojo. Aún pasando por alto el sistema judicial la Ley 26160 que todavía está en vigencia, además de la preexistencia de los pueblos originarios al estado nacional y el Convenio 169 de la OIT que rige a nivel internacional y que Argentina ratifica en 1989 y cobra fuerza de ley en 2000.

Los desplazados del territorio resisten y luchan siendo víctimas de toda clase de persecución constante o se convierten en migrantes hacia los centros urbanos donde quedan en las mismas condiciones de exclusión en los cordones del Gran Rosario, Gran Buenos Aires, en especial en zona norte y oeste bonaerense. En ese contexto se acrecientan desalojos arbitrarios en las comunidades madres y en las comunidades desplazadas hacia otras zonas del país, operados directamente por capitalistas y fuerzas de seguridad conjuntamente, amenazas, golpizas, hostigamiento constante, asedio policial y represiones de todo tipo, llegando al extremo en esta oportunidad, de los pedidos de captura de decenas de miembros de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez y con las detenciones de los principales referentes de las luchas de esa comunidad así como pasa en otras provincias con otros referentes indígenas.

A los presos políticos se les arman causas del estilo “instigación al delito”, “alteración del orden público”, etc, que luego se recaratulan en inventados “intentos de robo” o “uso de armas de fuego”, para imponer penas mayores, impedir la liberación y agravar los procesos penales.

En Formosa, los terratenientes, los capitalistas sojeros y madereros avanzan a paso firme sobre las comunidades y cuentan con todo el apoyo de Insfrán, con el silencio de los medios, y con las fuerzas represivas para imponer no solamente el saqueo de la tierra, sino también para desarrollar toda clase de negocios, convirtiendo a Ingeniero Juárez en zona liberada para el tráfico de personas, drogas, órganos, como sucede también en otras localidades y provincias del norte argentino. La impunidad de este régimen provincial ha contado con el aval y la connivencia del gobierno de Cristina Kirchner en el pasado y hoy con el de Mauricio Macri, quienes han operado sistemáticamente para cooptar activistas y descomprimir los reclamos creando organismos burocráticos de “funcionarios” indígenas estatales, mediante el otorgamiento de becas, subsidios y otras prebendas tras las cuales se dibujan aparentes políticas de inclusión que sólo favorecen a invisibilizar aún más las problemáticas de un pueblo especialmente golpeado por su condición originaria, carente de recursos a partir de la sistemática expulsión territorial de la que son víctimas hace décadas. Faltan, a su vez, y solo como resultado del genocidio estructural, educación formal y otras herramientas para defenderse de las políticas racistas que los invisibilizan y marginan, desdibujando el problema indígena que es el problema de la expulsión territorial, y confundiéndolo muchas veces con problemáticas menores como la discriminación o la falta de implementación de la EIB, todas cuestiones derivadas de la anterior.

Una opresión de estas características merece una intervención particular y de conjunto.

  • Basta de saqueo y genocidio en las comunidades indígenas.
  • Defensa de la propiedad colectiva sobre las tierras comunitarias.
  • Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160.
  • Implementación de la Ley de Propiedad Comunitaria.
  • Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe.
  • Cese de la persecución al pueblo Wichí y a todos los luchadores sociales originarios.
  • Libertad inmediata a Agustín Santillán.
  • Desprocesamiento de todos los luchadores originarios. Cierre de las causas armadas.
  • Desjudicialización de los territorios comunitarios.
  • Los estados provincial y nacional de Insfrán y Macri son responsables.

Sumémonos todos a una campaña nacional de denuncia y movilización.

Adhesiones a: libertadinmediatasantillan@gmail.com

Y por Facebook a: Libertad A Agustín Santillán

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